El mantenimiento de estas deducciones es una reclamación constante de las distintas organizaciones empresariales, sobre todo de CEOE, tradicionalmente canalizada a través del Partido Popular y de Convergencia i Unió. Fueron los nacionalistas catalanes los que defendieron en el Congreso una proposición no de ley para encauzar esta reivindicación empresarial y el PSOE optó por pactar una enmienda transaccional para evitar ser derrotado por el PP y CiU en una votación que tiene, ante todo, sentido testimonial. La iniciativa fue aprobada al final por amplia mayoría.

Los Ministerios de Economía e Industria son escépticos sobre las ventajas reales de estas deducciones. Hacienda ya las intentó suprimir en su última reforma fiscal de enero del año pasado, pero la presión de las organizaciones empresariales hizo que, al final, optara por prolongarlas hasta 2011. En la actualidad, la industria puede elegir entre estas ayudas o una rebaja en las cotizaciones del nuevo personal investigador que contrate. Para la patronal, este tipo de medidas son eficaces para incentivar las actividades de I+D+i por su carácter horizontal. Sin embargo, para el Gobierno la realidad es muy distinta.

Datos elaborados en su día por la Oficina Económica de Presidencia evidencian que de estas deducciones sólo se beneficia el 0,5% de las empresas, unas 6.000 compañías en total, la mayoría de gran dimensión, que no se caracterizan por su esfuerzo modernizador. De hecho, el 82% de las sociedades consideradas más innovadoras no se acogen a estos incentivos, a pesar de su generosidad.

Esta realidad llevó al Gobierno a introducir algunos cambios en el modelo, permitiendo que las empresas pudieran acogerse a una bonificación del 40% de las cotizaciones a la Seguridad Social del personal investigador. Esta alternativa, que permite al Gobierno un mejor control de las ayudas, se compatibilizará con la existencia de deducciones fiscales tres años más.

La proposición aprobada en el Congreso con el concurso del PSOE y CiU y el respaldo de la mayoría de los grupos valora 'la necesidad' de mantener más allá de 2011 estas deducciones en el impuesto sobre sociedades, así como las bonificaciones para el personal investigador. En la iniciativa se respalda, asimismo, la prórroga de la nueva exención parcial (50%) de los ingresos derivados de la cesión de patentes y otros activos intangibles creados por las empresas, así como de las ayudas públicas incluidas en las políticas de gasto.

El Gobierno también se comprometió a iniciar de inmediato un estudio actualizado sobre la eficacia de los incentivos fiscales al I+D+i y a dar a conocer sus resultados durante el primer semestre del año que viene con el fin de propiciar inversiones a largo plazo en proyectos de innovación empresarial.

La reiterada resistencia de Hacienda a mantener unas deducciones fiscales que tienen una influencia tan relativa sobre las inversiones en investigación e innovación y, además, son difíciles de controlar, ha corrido paralela a algunos contratiempos con los tribunales. En marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por aplicar un régimen de ayudas fiscales por inversión en I+D+i más favorable para los gastos dentro del territorio nacional que para los efectuados por las empresas en el extranjero.